En las páginas y perfiles digitales de municipalidades, seremías y reparticiones gubernamentales del país, la escena se repite a diario: alcaldes amasando empanadas, seremis paleando en una obra o autoridades saludando en eventos comunitarios con una imagen impecable, grandes sonrisas y rodeados de gente. Dichas escenas después se viralizan en redes sociales y en medio de comunicación.
Esta intensa presencia digital abre una interrogante de fondo para la ciudadanía: ¿se está informando realmente al vecino sobre los proyectos y servicios que la comunidad requiere, o se utiliza la plataforma institucional para promocionar la figura del político de turno?
Esta controversia plantea además un debate ético y presupuestario directo: ¿se financian periodistas y equipos audiovisuales con recursos públicos para mantener informada a la población o para armar campañas de posicionamiento personal? Tres profesionales y académicos de la comunicación en la zona sur —Carla Ilabaca, Daniel Soto y Luis Cárcamo— analizan los alcances, riesgos y límites de esta tendencia.

En torno a esta temática se han destacado varios jefes comunales que han sido criticados por su exposición en redes. En Valdivia, Carla Amtmann se ha hecho una imagen por su activa presencia en redes sociales, sin embargo, se debe precisar que en los canales de la municipalidad valdiviana la figura de la alcaldesa no es lo central, sino que la gestión de los equipos municipales.
Carla Amtmann parece haber aprendido la materia, pues los videos donde aparece abordando diversos temas los ha hecho en sus cuentas personales, entre ellos el de su comentada ceremonia de matrimonio con el exalcalde de Los Lagos.
En Osorno recientemente hubo una polémica con el alcalde Jaime Bertín, luego que la Contraloría instruyera corregir la forma en que comunica su gestión en redes sociales. Se advirtió que en varias publicaciones el relato gira en torno a la actuación personal del alcalde, aun cuando se trata de tareas que realiza el municipio como institución y recordó que las cuentas oficiales son un bien del servicio y deben usarse para informar sobre las funciones propias de la entidad.
El organismo de control agregó que quien presta los servicios a los vecinos es la municipalidad, por lo que asociar la imagen de una autoridad a la difusión de actividades municipales podría significar una infracción a la normativa sobre el uso de recursos del organismo, ya sea en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales.
Pero uno de los alcaldes que se hizo viral a nivel nacional fue el jefe comunal de Coyhaique, Carlos Gatica, cuando en medio de una crisis por la falta de aseo en las calles de la ciudad patagona, se puso un oberol y salió a recolectar basura con los funcionarios municipales de aseo. Alguien le sacó una fotografía y eso bastó para que las redes explotaran con comentarios a favor o en contra cuando la problemática de la basura seguía latente.
Gatica también aprendió la lección y ha sabido en los últimos años separar sus redes personales con las de la Municipalidad de Coyhaique, aunque su figura siempre resulta notoria en los canales municipales.


Para el periodista Daniel Soto, titulado en la Universidad Austral, con experiencia en el trabajo con figuras públicas y que realizó una tesis sobre la exposición política en redes sociales de Chile, la presencia de las autoridades en el entorno digital responde a una regla no escrita de la política contemporánea: "En esta era digital, si tú no estás en redes sociales, no existes para un político", dice.
No obstante, Soto advierte que esta necesidad suele derivar en una "constante campaña" financiada e impulsada desde el ejercicio del cargo para asegurar la permanencia en el poder o captar votantes.
Aunque reconoce que en comunas pequeñas la comunidad valora ver a su alcalde cercano en juntas de vecinos o inauguraciones locales, Soto recalca que existe una frontera crítica cuando la imagen personal desplaza a la función pública: "Muchas veces el alcalde, el concejal o la persona ya electa abusa de su imagen... uno piensa de que tiene un alcalde influencer, y eso no puede estar sucediendo tanto. Las redes sociales acá tienen que ser para transparencia, para dar a conocer ciertas cosas más que el político en sí".
Además, Soto remarca que la sobreexposición sin resultados concretos de gestión se convierte en un arma de doble filo que desencadena el voto castigo de la ciudadanía.

El periodista, docente e investigador de la Universidad Austral de Chile (UACh), Luis Cárcamo, aborda directamente la dimensión presupuestaria y ética del fenómeno. Cárcamo aclara que, si bien es positivo que se contrate a periodistas y community managers, no se debe perder de vista el origen de los fondos: "El periodista contratado para que le lleve las redes sociales... está siendo pagado con recursos públicos. Entonces también hay una dimensión allí de transparencia ética sobre el uso".
Según el académico, esto es especialmente notorio en cargos de designación gubernamental —como los seremis—, donde suele incubarse un "pequeño animal político creciendo", según dijo, con aspiraciones a cargos de elección popular (como diputaciones), motivándolo a construir su marca personal a través de los canales institucionales del servicio.
Frente a esto, Cárcamo enfatiza la urgencia de mantener "cuentas separadas": las cuentas oficiales deben restringirse a la gestión pública, mientras que la construcción de audiencia electoral debe realizarse en perfiles personales. Advertir sobre este deslinde es clave para la salud democrática: "El riesgo que se corre con la personalización de los cargos es que luego para la ciudadanía el cargo es el sujeto, y eso tampoco le hace bien a lo público ni a la democracia".
Pese a esta proliferación, Cárcamo proyecta que el fenómeno del "político influencer" es un "pan para hoy y hambre para mañana", pues las audiencias terminan saturándose de la sobreexposición vacía.

Por su parte, la periodista y directora zonal de Los Ríos del Foro Latinoamericano de Oratoria y Debate, Carla Ilabaca, centra su crítica en la falta de propósito comunicacional cuando el ego de la autoridad se antepone a la necesidad de la comunidad.
"El exceso del 'yo' a veces aleja al público o aleja a la comunidad del mero objetivo que quieren lograr las autoridades. No es publicar por publicar, no es aparecer por aparecer, sino que tiene que tener un trasfondo comunicacional", enfatizó la profesional.
Ilabaca sostiene que las redes sociales de las instituciones deben cumplir una función de servicio y un rol pedagógico, orientando al vecino sobre el alcance y los límites normativos de cada autoridad (por ejemplo, clarificar qué le compete a un concejal frente a un diputado) para que la ciudadanía sepa a quién acudir.
Asimismo, establece un límite categórico respecto al contenido de las plataformas oficiales: "Las redes oficiales se tienen que ocupar para lo oficial. No voy a mostrar que estoy en el asado de mi familia en una red oficial".
Si bien la autoridad puede mostrar aspectos cotidianos o personales en sus cuentas privadas, cruzar ambos espacios en los canales del Estado resulta inapropiado e injustificado, algo a lo que los ojos de entes como la Contraloría General de la República, Ministerios y los de la propia comunidad de seguro estarán atentos desde el otro lado de las pantallas de celulares o laptops.
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